Pensión alimentaria.

El derecho a los alimentos es de orden público e interés social, a través de este derecho se protege a la familia, la ley le reconoce el derecho de recibir alimentos y a su vez la obligación de proporcionarlos, el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, los cuales se fjan en cuanto a los principios de equidad y proporcionalidad entre el deudor y el acreedor alimentario.

El concepto de alimentos se refere a todo lo que es indispensable para la subsistencia y bienestar del individuo, el cual comprende el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del acreedor alimentario.

Los alimentos comprenden:

٠ La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto.
٠ Respecto a los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles ofcio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
٠ Respecto a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible su habilitación, rehabilitación y su desarrollo.
٠ Por lo que se refere a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

Tenemos que la pensión alimenticia es el monto que el deudor alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario por concepto de alimentos, la cual es fjada por Convenio o en sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos.

Tienen derecho a recibir alimentos y son llamados acreedores alimentarios o acreedores alimentistas:
٠ Los cónyuges
٠ Los concubinos
٠ Los hijos
٠ Los padres
٠ El adoptante
٠ El adoptado
٠ Los ex-cónyuges o ex-concubinos tendrán derecho a recibir alimentos cuando así lo disponga la ley y el Juez competente.

La pensión alimenticia para ex-cónyuges puede determinarse mediante convenio o por sentencia judicial, esta pensión ha sido denominada “pensión compensatoria”.
Los ex-cónyuges aún y cuando no hayan tenido hijos tienen derecho a alimentos en virtud del desequilibrio económico, algunas legislaciones estatales han establecido que el cónyuge que se dedique al hogar goza de la presunción
de necesitar alimentos cuando se hubiere dedicado preponderantemente al cuidado o labores del hogar, cuando careciere de bienes o estuviere imposibilitado para trabajar, su duración será por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin que esto afecte la repartición equitativa de los bienes.

Se extingue la obligación alimentaria para los ex-cónyuges cuando:
٠ Cuando el acreedor alimentario contraiga nuevas nupcias
٠ Cuando el acreedor alimentario se una en concubinato
٠ Cuando el acreedor alimentario procree un hijo con persona distinta al deudor alimentario
٠ Cuando se demuestre fehacientemente que el ex-cónyuge acreedor alimentario cuenta con un empleo mediante el cual perciba una remuneración bastante para satisfacer sus necesidades alimenticias.

Cuando existan varios acreedores alimentarios, el Juez repartirá el importe de la pensión en proporción, atendiendo el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes, los hijos mayores de edad tienen derecho a recibir alimentos siempre y cuando no hayan concluido sus estudios.

La pensión alimenticia puede ser garantizada mediante hipoteca, prenda, fanza, depósito de cantidad bastante para cubrir los alimentos o cuales quiera otra forma de garantía que sea sufciente a juicio del Juez competente.

Casos en los cuales cesa o se suspende la obligación de dar alimentos.
٠ Cuando el que tiene la obligación de dar alimentos carece de medios para cumplir con la obligación.
٠ Cuando el que tiene el derecho a recibir alimentos deja de necesitarlos.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad ejerza violencia familiar o infera injurias graves en contra del deudor alimentario.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad incurra en conducta viciosa o falta de aplicación al estudio.
٠ Cuando el acreedor alimentario sin causa justifcada, abandona la causa del deudor alimentario.

La Suprema Corte de Justicia determino mediante la tesis aislada I.3o.C.252 C (10a.) que respecto a la pensión alimenticia, por regla general su pago es retroactivo al momento del nacimiento del menor, salvo que no haya prueba directa del conocimiento del embarazo y de aquél, por lo que dicho pago será a partir de que el deudor alimentario fue emplazado al juicio, al conocer los resultados de las pruebas de fliación o la sentencia constitutiva de paternidad.

ACTAS DE ASAMBLEA Y LIBROS SOCIALES, SU IMPORTANCIA

Nuestra legislación mexicana establece la obligación de celebrar anualmente al menos una asamblea general de socios, esto para las sociedades mercantiles señaladas de la fracción I a la VI en artículo 1° de la Ley de Sociedades Mercantiles, esta obligación origina que se tenga que llevar un Libro de Actas de Asamblea en el cual conste cada una de ellas.

Muchas sociedades funcionan simplemente con la operación del negocio, sin conocer de esta obligación, dedicándose a la producción, comercialización y al cumplimiento de otras obligaciones del negocio, sin tomar en cuenta estas disposiciones legales.

Por la suma importancia de este cumplimiento, le damos a conocer el marco jurídico de esa obligación, el cual puede servir para evitar situaciones de riesgo cuando alguna autoridad requiera exhibir los acuerdos que se hayan tomado por virtud de asamblea de socios.

Una sociedad mercantil, para efectos jurídicos, es considerada como una persona moral, tal y como lo establece la fracción III del artículo 25 del Código Civil Federal, y por ello se establece que una sociedad es una persona jurídica; por tanto, como persona, tiene atributos y personalidad jurídica.

Una sociedad mercantil, en su calidad de comerciante, deberá ser capaz de contraer y cumplir obligaciones, por ello para externar su voluntad debe hacerlo por medio de sus representantes, en ese orden, los representantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son los administradores, y son éstos quienes en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación –en primera instancia– de convocar a la celebración de la asamblea.

OBLIGACIÓN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA

En primer término, quienes cumplen las obligaciones son los administradores de la sociedad, para dar cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual expresa lo siguiente:

̈La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración ̈.

Por otro lado, la obligación de celebrar una asamblea por lo menos una vez al año, se encuentra en el artículo 181 de la Ley general de Sociedades Mercantiles, la Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social, es decir, a más tardar el 30 de abril de cada año, y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes:

1. El informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios.
2. Nombramiento del Administrador o Consejo de Administración y los Comisarios.
3. Emolumentos de Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

También existe la obligación de que las actas de asambleas deben constar en el denominado Libro de Actas, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 34, 38 y 46 del Código de Comercio, los cuales a la letra señalan: Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.

En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, los números de acciones que cada uno represente, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos, cuidando además de consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado.

Cuando el acta se refiera a junta del consejo de administración, sólo se expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta facultad.

Se tiene la obligación de conservar los libros, registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años.

Recordemos que los Libros Sociales son los siguientes:
٠ Libro de Actas de Asamblea
٠ Libro de Registro de Acciones o Socios
٠ Libro de Variaciones de Capital (en caso de que aplique)
٠ Libro de Consejo (en caso de que aplique)

La gran mayoría de las sociedades no cuentan con ellos y si los tienen, muchas veces no están actualizados o los llevan de manera incorrecta.

Aunque en Materia Mercantil y Civil no existan sanciones en materia fscal es distinto ya que en el inciso A, de la Fracción I, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se considera a los libros sociales como parte integral de la contabilidad de la persona moral, por lo que no contar con ellos ocasiona que se generen multas, incluso penas privativas de libertad para los representantes legales.

Algunas multas y penas se establecen en el Código Fiscal de la Federación, respecto al incumplimiento en el rubro de actas de asambleas y libros sociales, bajo los siguientes conceptos:

٠ Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 79 y 80 del mismo ordenamiento.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas, el RFC de cada socio o accionista.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que hagan constar actas Constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el RFC, la clave correspondiente a cada socio o accionista.
٠ No cumplir con el envío de socios y accionistas establecido en la fracción VI, del apartado B, del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
٠ No verificar que la clave del RFC aparezca en los documentos a que hace referencia el punto anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva.
٠ No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación respecto a cómo se integra la contabilidad.
٠ No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42-A del mismo Código.
٠ No llevarlos dentro del domicilio fiscal.
٠ No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales
٠ Tener dos o más libros sociales con diferentes contenidos.
٠ Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros sociales.

Para concluir el tema, en este artículo, se trató de enunciar de forma genérica lo más importante y de aplicación común a todas las sociedades.

Siempre es recomendable acercarse a un especialista en la materia, para que pueda elaborar las actas de asamblea justo a la medida de cada sociedad, y de acuerdo con las necesidades de cada una.

QUÉ HACER CUANDO EN LA FAMILIA EXISTEN BIENES INTESTADOS

La realización de un testamento por lo general no es parte de los actos provisorios de nuestra cultura, por lo que esto ocasiona que los deudos, al fallecimiento de una persona, queden con la tarea de regularizar la situación de sus bienes para que sea posible disponer de ellos, ya que la gran mayoría de las personas tienen la creencia de que los bienes de sus familiares les corresponden por derecho, que a éstos se les adjudicará en automático, sin considerar que es necesario realizar un proceso legal, que éste puede ser extenso dependiendo de la situación particular que se presente, y que este acto requerirá de la intervención de un abogado o de un notario, por ello se debe estar preparado y tener conocimiento en referencia.

Por lo que en este contexto, la forma de poder realizar la transmisión de bienes, derechos, y obligaciones a la muerte de una persona, la Ley prevé dos formas; la primera por testamento en el cual se establece la voluntad del autor de la herencia, la cual se denomina sucesión testamentaria, y la segunda es por disposición legal, es decir cuando quien ha fallecido no hizo disposición sobre sus bienes y derechos para el caso de su muerte, o sea, no hizo testamento, la cual se tornará en sucesión legítima o intestamentaria. 

Un intestado también puede presentarse cuando la persona realizó testamento, pero no incluyó todos sus bienes, o cuando el testamento es considerado como nulo o pierde su validez por alguna razón prevista por la ley. 

Cuando no se realizó disposición de bienes a través de testamento, se deberá aperturar Juicio Intestamentario, dentro del cual se deberá acreditar el entroncamiento familiar mediante actas del registro civil u otro documento que acredite el parentesco y grado, así mismo se deberá presentar escrituras de la vivienda, el acta de defunción del autor de la herencia, actas de nacimiento de los hijos, etc. 

La denuncia de Juicio Intestamentario, según el Código Civil para el Estado de Nuevo León, también la podrá realizar el Ministerio Público, o cualquier persona aunque no sea presunto heredero. 

Artículo 817.- La denuncia de un intestado podrá hacerse por el Ministerio Público, o por cualquiera persona aunque no sea presunto heredero. 

Artículo 818.- Si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño, tendrán obligación de expresar, bajo protesta de decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus domicilios y de si son o no mayores de edad. La omisión de este requisito hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se dé conocimiento al Ministerio Público, para los efectos a que hubiere lugar. 

La autoridad Judicial deberá cerciorarse que efectivamente la persona fallecida no realizó testamento para lo cual solicitará la búsqueda al Archivo General de Notarias, así como ordenando la publicación de edictos en el periódico de mayor circulación, el edicto es una publicación de notifcación, o convocatoria, emitida por autoridad jurisdiccional competente para llamar a quien se crea con derecho a heredar. 

El Juicio Intestamentario en la vía ordinaria tendrá cuatro secciones, dentro de las cuales: 

1) Se reconocerán herederos y/o legatarios y se designará albacea y protestará el cargo;
2) Se inventarían los bienes, derechos y obligaciones que son susceptibles de transmisión hereditaria, lo que integra el patrimonio del fallecido; 

3) Se rinden cuentas por parte del albacea y se aprobarán u objetarán; y
4) Se realizará la adjudicación a los herederos y/o legatarios de los bienes, derechos y obligaciones. 

Pudiendo realizarse a través de Juicio Intestamentario en vía especial, que es en el cual los herederos están de acuerdo en la forma y términos de hacer la repartición y administración de los bienes que constituyen la masa hereditaria. 

Lo anteriormente expuesto es una manera muy sintetizada de señalar lo que implica un juicio sucesorio intestamentario, necesario para poder regularizar la situación de los bienes no designados en testamento, por lo que en caso de requerir más información relacionada a su situación particular, le recomendamos consultarlo con un abogado experto en la materia y así despejar cualquier inquietud que tenga respecto a este tema. 

EL OUTSOURCING EN MÉXICO Y LAS NUEVAS DISPOSICIONES

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Ofcial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, en cuanto a la Ley Federal del Trabajo estas modifcaciones entraron en vigor el 24 de mayo de este año.

El objetivo de estas reformas es eliminar prácticas viciadas que dañan los derechos laborales, evitar la evasión de obligaciones patronales, así como defraudación fscal.

Ser contratado bajo el denominado modelo de outsourcing signifca que la empresa para la cual se trabaja no lleva las obligaciones patronales hacia el trabajador, sino que tu patrón es una tercera empresa.

Según la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación tiene a un patrón denominado contratista que ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Lo hace a favor de un contratante, una persona física o moral, quien fja las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios contratados. Con estas señaladas reformas, hoy se prohíbe subcontratar aquellos servicios especializados relacionados con lo que una empresa tiene registrado como actividad preponderante o lo que indica en su acta constitutiva como objetivo social.

En México, algunos ejemplos en que se utiliza el outsourcing son en referencia a los servicios como limpieza, comedor, seguridad, contabilidad, publicidad, recursos humanos, promotoría, soporte informático, entre otros.

Como ejemplo tenemos que, si su empresa se dedica a la fabricación de plásticos, no puede subcontratar a quienes los hacen, distribuyen o venden, pero quizá podría solicitar la distribución, promotoría y venta de éstos, así como la limpieza, contabilidad, publicidad, etc., y todos estos servicios deberán brindarse por proveedores legalmente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los principales problemas laborales con las empresas de outsourcing en México, es que estas no les permitían generar antigüedad, ni ninguna otra prestación que por Ley les corresponde a los trabajadores.

La nueva ley en materia de subcontratación pretende también combatir la evasión fscal que hacen algunas organizaciones, así como brindar nuevos empleos que den certeza, seguridad y calidad en el empleo, así como regular la prestación de los servicios especializados.

Puntos fundamentales para considerar de la señalada reforma:

1. Prohíbe la subcontratación de personal.

2. Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante.

3. Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada en un padrón público a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (REPSE), previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones laborales, fscales y de seguridad social.

4. Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento.

5. Se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo, para evitar simulación y defraudación fscal.

6. Endurecimiento de las sanciones para el caso de incumplimiento.

7. Plazos de la Reforma: 1 mes a partir de la publicación de la reforma para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos para el registro, los cuales se publicaron el 24 de mayo; 3 meses para que las empresas se regularicen y reconozcan a sus trabajadores, una vez publicados los lineamientos, plazo que se extendió mediante Decreto publicado en el Diario Ofcial de la Federación, hasta el día 1° de septiembre. Cada 3 años las empresas tendrán que actualizar su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

8. Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el Gobierno Federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal subcontratado.

Por lo que las empresas deberán realizar ajustes para cumplir con las nuevas disposiciones y únicamente podrán subcontratar servicios u obras especializadas que no formen parte de su actividad económica preponderante.

En resumen, tenemos que la subcontratación solo es permitida cuando sean servicios especializados, o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa benefciaria de los mismos.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. Quedan permitidas las agencias de colocación, pero solo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán patrones.

Multas por incumplimiento de la reforma laboral

El incumplimiento de las nuevas disposiciones implica multas de hasta 50,000 veces la UMA. Es decir, hasta 4 millones 481,000 pesos para quien realice o preste servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente y hasta tres años de cárcel por delito de defraudación fscal.

Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fscales de deducción o acreditamiento, y las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fscal.