Pensión alimentaria.

El derecho a los alimentos es de orden público e interés social, a través de este derecho se protege a la familia, la ley le reconoce el derecho de recibir alimentos y a su vez la obligación de proporcionarlos, el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, los cuales se fjan en cuanto a los principios de equidad y proporcionalidad entre el deudor y el acreedor alimentario.

El concepto de alimentos se refere a todo lo que es indispensable para la subsistencia y bienestar del individuo, el cual comprende el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del acreedor alimentario.

Los alimentos comprenden:

٠ La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto.
٠ Respecto a los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles ofcio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
٠ Respecto a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible su habilitación, rehabilitación y su desarrollo.
٠ Por lo que se refere a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

Tenemos que la pensión alimenticia es el monto que el deudor alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario por concepto de alimentos, la cual es fjada por Convenio o en sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos.

Tienen derecho a recibir alimentos y son llamados acreedores alimentarios o acreedores alimentistas:
٠ Los cónyuges
٠ Los concubinos
٠ Los hijos
٠ Los padres
٠ El adoptante
٠ El adoptado
٠ Los ex-cónyuges o ex-concubinos tendrán derecho a recibir alimentos cuando así lo disponga la ley y el Juez competente.

La pensión alimenticia para ex-cónyuges puede determinarse mediante convenio o por sentencia judicial, esta pensión ha sido denominada “pensión compensatoria”.
Los ex-cónyuges aún y cuando no hayan tenido hijos tienen derecho a alimentos en virtud del desequilibrio económico, algunas legislaciones estatales han establecido que el cónyuge que se dedique al hogar goza de la presunción
de necesitar alimentos cuando se hubiere dedicado preponderantemente al cuidado o labores del hogar, cuando careciere de bienes o estuviere imposibilitado para trabajar, su duración será por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin que esto afecte la repartición equitativa de los bienes.

Se extingue la obligación alimentaria para los ex-cónyuges cuando:
٠ Cuando el acreedor alimentario contraiga nuevas nupcias
٠ Cuando el acreedor alimentario se una en concubinato
٠ Cuando el acreedor alimentario procree un hijo con persona distinta al deudor alimentario
٠ Cuando se demuestre fehacientemente que el ex-cónyuge acreedor alimentario cuenta con un empleo mediante el cual perciba una remuneración bastante para satisfacer sus necesidades alimenticias.

Cuando existan varios acreedores alimentarios, el Juez repartirá el importe de la pensión en proporción, atendiendo el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes, los hijos mayores de edad tienen derecho a recibir alimentos siempre y cuando no hayan concluido sus estudios.

La pensión alimenticia puede ser garantizada mediante hipoteca, prenda, fanza, depósito de cantidad bastante para cubrir los alimentos o cuales quiera otra forma de garantía que sea sufciente a juicio del Juez competente.

Casos en los cuales cesa o se suspende la obligación de dar alimentos.
٠ Cuando el que tiene la obligación de dar alimentos carece de medios para cumplir con la obligación.
٠ Cuando el que tiene el derecho a recibir alimentos deja de necesitarlos.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad ejerza violencia familiar o infera injurias graves en contra del deudor alimentario.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad incurra en conducta viciosa o falta de aplicación al estudio.
٠ Cuando el acreedor alimentario sin causa justifcada, abandona la causa del deudor alimentario.

La Suprema Corte de Justicia determino mediante la tesis aislada I.3o.C.252 C (10a.) que respecto a la pensión alimenticia, por regla general su pago es retroactivo al momento del nacimiento del menor, salvo que no haya prueba directa del conocimiento del embarazo y de aquél, por lo que dicho pago será a partir de que el deudor alimentario fue emplazado al juicio, al conocer los resultados de las pruebas de fliación o la sentencia constitutiva de paternidad.

ACTAS DE ASAMBLEA Y LIBROS SOCIALES, SU IMPORTANCIA

Nuestra legislación mexicana establece la obligación de celebrar anualmente al menos una asamblea general de socios, esto para las sociedades mercantiles señaladas de la fracción I a la VI en artículo 1° de la Ley de Sociedades Mercantiles, esta obligación origina que se tenga que llevar un Libro de Actas de Asamblea en el cual conste cada una de ellas.

Muchas sociedades funcionan simplemente con la operación del negocio, sin conocer de esta obligación, dedicándose a la producción, comercialización y al cumplimiento de otras obligaciones del negocio, sin tomar en cuenta estas disposiciones legales.

Por la suma importancia de este cumplimiento, le damos a conocer el marco jurídico de esa obligación, el cual puede servir para evitar situaciones de riesgo cuando alguna autoridad requiera exhibir los acuerdos que se hayan tomado por virtud de asamblea de socios.

Una sociedad mercantil, para efectos jurídicos, es considerada como una persona moral, tal y como lo establece la fracción III del artículo 25 del Código Civil Federal, y por ello se establece que una sociedad es una persona jurídica; por tanto, como persona, tiene atributos y personalidad jurídica.

Una sociedad mercantil, en su calidad de comerciante, deberá ser capaz de contraer y cumplir obligaciones, por ello para externar su voluntad debe hacerlo por medio de sus representantes, en ese orden, los representantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son los administradores, y son éstos quienes en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación –en primera instancia– de convocar a la celebración de la asamblea.

OBLIGACIÓN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA

En primer término, quienes cumplen las obligaciones son los administradores de la sociedad, para dar cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual expresa lo siguiente:

̈La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración ̈.

Por otro lado, la obligación de celebrar una asamblea por lo menos una vez al año, se encuentra en el artículo 181 de la Ley general de Sociedades Mercantiles, la Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social, es decir, a más tardar el 30 de abril de cada año, y se ocupará, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes:

1. El informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios.
2. Nombramiento del Administrador o Consejo de Administración y los Comisarios.
3. Emolumentos de Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

También existe la obligación de que las actas de asambleas deben constar en el denominado Libro de Actas, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 34, 38 y 46 del Código de Comercio, los cuales a la letra señalan: Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.

En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, los números de acciones que cada uno represente, el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos, cuidando además de consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado.

Cuando el acta se refiera a junta del consejo de administración, sólo se expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta facultad.

Se tiene la obligación de conservar los libros, registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años.

Recordemos que los Libros Sociales son los siguientes:
٠ Libro de Actas de Asamblea
٠ Libro de Registro de Acciones o Socios
٠ Libro de Variaciones de Capital (en caso de que aplique)
٠ Libro de Consejo (en caso de que aplique)

La gran mayoría de las sociedades no cuentan con ellos y si los tienen, muchas veces no están actualizados o los llevan de manera incorrecta.

Aunque en Materia Mercantil y Civil no existan sanciones en materia fscal es distinto ya que en el inciso A, de la Fracción I, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se considera a los libros sociales como parte integral de la contabilidad de la persona moral, por lo que no contar con ellos ocasiona que se generen multas, incluso penas privativas de libertad para los representantes legales.

Algunas multas y penas se establecen en el Código Fiscal de la Federación, respecto al incumplimiento en el rubro de actas de asambleas y libros sociales, bajo los siguientes conceptos:

٠ Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 79 y 80 del mismo ordenamiento.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas, el RFC de cada socio o accionista.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que hagan constar actas Constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el RFC, la clave correspondiente a cada socio o accionista.
٠ No cumplir con el envío de socios y accionistas establecido en la fracción VI, del apartado B, del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
٠ No verificar que la clave del RFC aparezca en los documentos a que hace referencia el punto anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva.
٠ No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación respecto a cómo se integra la contabilidad.
٠ No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42-A del mismo Código.
٠ No llevarlos dentro del domicilio fiscal.
٠ No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales
٠ Tener dos o más libros sociales con diferentes contenidos.
٠ Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros sociales.

Para concluir el tema, en este artículo, se trató de enunciar de forma genérica lo más importante y de aplicación común a todas las sociedades.

Siempre es recomendable acercarse a un especialista en la materia, para que pueda elaborar las actas de asamblea justo a la medida de cada sociedad, y de acuerdo con las necesidades de cada una.

QUÉ HACER CUANDO EN LA FAMILIA EXISTEN BIENES INTESTADOS

La realización de un testamento por lo general no es parte de los actos provisorios de nuestra cultura, por lo que esto ocasiona que los deudos, al fallecimiento de una persona, queden con la tarea de regularizar la situación de sus bienes para que sea posible disponer de ellos, ya que la gran mayoría de las personas tienen la creencia de que los bienes de sus familiares les corresponden por derecho, que a éstos se les adjudicará en automático, sin considerar que es necesario realizar un proceso legal, que éste puede ser extenso dependiendo de la situación particular que se presente, y que este acto requerirá de la intervención de un abogado o de un notario, por ello se debe estar preparado y tener conocimiento en referencia.

Por lo que en este contexto, la forma de poder realizar la transmisión de bienes, derechos, y obligaciones a la muerte de una persona, la Ley prevé dos formas; la primera por testamento en el cual se establece la voluntad del autor de la herencia, la cual se denomina sucesión testamentaria, y la segunda es por disposición legal, es decir cuando quien ha fallecido no hizo disposición sobre sus bienes y derechos para el caso de su muerte, o sea, no hizo testamento, la cual se tornará en sucesión legítima o intestamentaria. 

Un intestado también puede presentarse cuando la persona realizó testamento, pero no incluyó todos sus bienes, o cuando el testamento es considerado como nulo o pierde su validez por alguna razón prevista por la ley. 

Cuando no se realizó disposición de bienes a través de testamento, se deberá aperturar Juicio Intestamentario, dentro del cual se deberá acreditar el entroncamiento familiar mediante actas del registro civil u otro documento que acredite el parentesco y grado, así mismo se deberá presentar escrituras de la vivienda, el acta de defunción del autor de la herencia, actas de nacimiento de los hijos, etc. 

La denuncia de Juicio Intestamentario, según el Código Civil para el Estado de Nuevo León, también la podrá realizar el Ministerio Público, o cualquier persona aunque no sea presunto heredero. 

Artículo 817.- La denuncia de un intestado podrá hacerse por el Ministerio Público, o por cualquiera persona aunque no sea presunto heredero. 

Artículo 818.- Si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño, tendrán obligación de expresar, bajo protesta de decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus domicilios y de si son o no mayores de edad. La omisión de este requisito hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se dé conocimiento al Ministerio Público, para los efectos a que hubiere lugar. 

La autoridad Judicial deberá cerciorarse que efectivamente la persona fallecida no realizó testamento para lo cual solicitará la búsqueda al Archivo General de Notarias, así como ordenando la publicación de edictos en el periódico de mayor circulación, el edicto es una publicación de notifcación, o convocatoria, emitida por autoridad jurisdiccional competente para llamar a quien se crea con derecho a heredar. 

El Juicio Intestamentario en la vía ordinaria tendrá cuatro secciones, dentro de las cuales: 

1) Se reconocerán herederos y/o legatarios y se designará albacea y protestará el cargo;
2) Se inventarían los bienes, derechos y obligaciones que son susceptibles de transmisión hereditaria, lo que integra el patrimonio del fallecido; 

3) Se rinden cuentas por parte del albacea y se aprobarán u objetarán; y
4) Se realizará la adjudicación a los herederos y/o legatarios de los bienes, derechos y obligaciones. 

Pudiendo realizarse a través de Juicio Intestamentario en vía especial, que es en el cual los herederos están de acuerdo en la forma y términos de hacer la repartición y administración de los bienes que constituyen la masa hereditaria. 

Lo anteriormente expuesto es una manera muy sintetizada de señalar lo que implica un juicio sucesorio intestamentario, necesario para poder regularizar la situación de los bienes no designados en testamento, por lo que en caso de requerir más información relacionada a su situación particular, le recomendamos consultarlo con un abogado experto en la materia y así despejar cualquier inquietud que tenga respecto a este tema. 

EL OUTSOURCING EN MÉXICO Y LAS NUEVAS DISPOSICIONES

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Ofcial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, en cuanto a la Ley Federal del Trabajo estas modifcaciones entraron en vigor el 24 de mayo de este año.

El objetivo de estas reformas es eliminar prácticas viciadas que dañan los derechos laborales, evitar la evasión de obligaciones patronales, así como defraudación fscal.

Ser contratado bajo el denominado modelo de outsourcing signifca que la empresa para la cual se trabaja no lleva las obligaciones patronales hacia el trabajador, sino que tu patrón es una tercera empresa.

Según la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación tiene a un patrón denominado contratista que ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Lo hace a favor de un contratante, una persona física o moral, quien fja las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios contratados. Con estas señaladas reformas, hoy se prohíbe subcontratar aquellos servicios especializados relacionados con lo que una empresa tiene registrado como actividad preponderante o lo que indica en su acta constitutiva como objetivo social.

En México, algunos ejemplos en que se utiliza el outsourcing son en referencia a los servicios como limpieza, comedor, seguridad, contabilidad, publicidad, recursos humanos, promotoría, soporte informático, entre otros.

Como ejemplo tenemos que, si su empresa se dedica a la fabricación de plásticos, no puede subcontratar a quienes los hacen, distribuyen o venden, pero quizá podría solicitar la distribución, promotoría y venta de éstos, así como la limpieza, contabilidad, publicidad, etc., y todos estos servicios deberán brindarse por proveedores legalmente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los principales problemas laborales con las empresas de outsourcing en México, es que estas no les permitían generar antigüedad, ni ninguna otra prestación que por Ley les corresponde a los trabajadores.

La nueva ley en materia de subcontratación pretende también combatir la evasión fscal que hacen algunas organizaciones, así como brindar nuevos empleos que den certeza, seguridad y calidad en el empleo, así como regular la prestación de los servicios especializados.

Puntos fundamentales para considerar de la señalada reforma:

1. Prohíbe la subcontratación de personal.

2. Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante.

3. Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada en un padrón público a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (REPSE), previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones laborales, fscales y de seguridad social.

4. Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento.

5. Se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo, para evitar simulación y defraudación fscal.

6. Endurecimiento de las sanciones para el caso de incumplimiento.

7. Plazos de la Reforma: 1 mes a partir de la publicación de la reforma para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos para el registro, los cuales se publicaron el 24 de mayo; 3 meses para que las empresas se regularicen y reconozcan a sus trabajadores, una vez publicados los lineamientos, plazo que se extendió mediante Decreto publicado en el Diario Ofcial de la Federación, hasta el día 1° de septiembre. Cada 3 años las empresas tendrán que actualizar su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

8. Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el Gobierno Federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal subcontratado.

Por lo que las empresas deberán realizar ajustes para cumplir con las nuevas disposiciones y únicamente podrán subcontratar servicios u obras especializadas que no formen parte de su actividad económica preponderante.

En resumen, tenemos que la subcontratación solo es permitida cuando sean servicios especializados, o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa benefciaria de los mismos.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. Quedan permitidas las agencias de colocación, pero solo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán patrones.

Multas por incumplimiento de la reforma laboral

El incumplimiento de las nuevas disposiciones implica multas de hasta 50,000 veces la UMA. Es decir, hasta 4 millones 481,000 pesos para quien realice o preste servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente y hasta tres años de cárcel por delito de defraudación fscal.

Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fscales de deducción o acreditamiento, y las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fscal.

 

SE MODIFICAN FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

El día 24 de mayo del presente año la Secretaria de Hacienda y Crédito Público realizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación una resolución que modifica los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, específicamente se refieren a los previstos en la fracción XI del artículo 17 de la Ley Antilavado.

En la antes citada fracción, vemos que es aplicable a los que prestan servicios profesionales, de manera independiente.

La importancia de realizar dicha modificación es debido a que en el Anexo 11 preexistente, se estableció el formato oficial por medio del cual los prestadores de servicios que realicen la Actividad Vulnerable no se prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral, también conocidos como Outsourcing o servicios especializados, por ello el Anexo 11 se modifica para integrar información específica sobre estos actos que sean considerados como Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, se ajustaron algunos campos de dicho Anexo en su estructura, numeración, longitud o formato, relacionados con las demás operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los Outsourcing o servicios especializados.

Por lo anterior, fue necesario que en el Anexo 11 de la Resolución que nos ocupa también se adicionen diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI los cuales son los siguientes:

    • Los campos relativos a identificar cuando una persona física que sea Cliente o Usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley actúe a través de un apoderado legal, con el objeto de que proporcione los datos para la identificación de éste, tales como su nombre completo; RFC; CURP o fecha de nacimiento.
    • Los campos para precisar y reportar el tipo de activo virtual y la cantidad utilizada, por parte de las personas que realicen la Actividad Vulnerable, en todo acto u operación realizado en términos de la citada fracción XI que sea pagado o liquidado mediante activos virtuales.
    • Los campos relativos a la sección Datos de la Operación Financiera, misma que será aplicable para todos los actos u operaciones realizados en términos de la multicitada fracción XI.

Lo anterior se realizó con el objeto de que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información específica sobre los actos u operaciones que se llevan a cabo y que puedan ser consideradas como Actividades Vulnerables, sobre todo las relacionadas con las Outsourcing o servicios especializados.

Estas modificaciones entrarán en vigor el 01 de septiembre de 2021.

SE DAN A CONOCER LAS REGLAS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

Con motivo de las reformas a la Ley del Trabajo (LFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, se incorporó la prohibición de la subcontratación de personal y se estableció, de manera excepcional, que únicamente se pueden subcontratar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas cuando estos servicios u obras no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la que subcontrata.

Dentro de las reformas y derivado de esta prohibición, la Ley obliga a las personas físicas y morales que presten los mencionados servicios y obras especializadas a registrarse a un “Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas”, con el objetivo de contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar y regular a estas entidades.

Derivado de lo anterior, el día de hoy 24 de mayo de 2021 la Secretaria del Trabajo y Previsión Social dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Entre las medidas que contempla este Acuerdo se menciona:

    • Que las personas físicas o morales que deseen incorporarse al registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar, y que por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional;
    • Deberán aportar información y documentación respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros;
    • Deberán demostrar que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Para el registro en el padrón, las personas físicas y morales que presten servicios especializados deberán de acceder a la plataforma http://repse.stps.gob.mx y deberán de cumplir con los requisitos enunciados en el Artículo Octavo del Acuerdo al que se hace referencia.

Realizado el registro la plataforma asignará un número de folio con el cual se le dará seguimiento al registro. 

La Secretaría a través de la Plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la Plataforma De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la Secretaría, para que emita el aviso de registro correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento.

La Secretaría podrá negar el registro si se presenta cualquiera de los siguientes supuestos:

    • No acreditar el carácter especializado;
    • No estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
    • No cumplir con los requisitos y requerimientos establecidos en el presente acuerdo;
    • Proporcionar información falsa o documentos apócrifos, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, o que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles.
    • Negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que le sea requerida por parte de la Secretaría.
    • Se detecte que los datos requisitados en la plataforma resulten diferentes o imprecisos con respecto a los datos e información contenidos en los documentos ingresados.

El registro tiene una duración de 3 años y deberá renovarse 3 meses antes de su vencimiento a través de la misma plataforma.

En los contratos que las empresas contratantes celebren con empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas deberá constar el registro y folio de la actividad u obra especializada vigente de dichas empresas.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Si desea tener acceso al documento integro de clic aquí : ACUERDO

 

 

INICIA SEGUNDA ETAPA DE NOM-035

Actualmente, la sociedad mexicana enfrenta una crisis psicosocial debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, situación que ocasiona incertidumbre, temor y ansiedad; lo que ha dado lugar a un ambiente de estrés que, en México, ya se percibía en niveles elevados desde antes de la contingencia, principalmente en los lugares de trabajo.

La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 fue creada con la finalidad de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, además de promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. El año pasado inició la primera etapa de su implementación, este próximo 23 de octubre las empresas de todo el país, que cuenten con más de 15 trabajadores, deberán implementar la segunda etapa.

A partir del pasado 23 de octubre del año en curso los centros laborales del territorio nacional deberán poder acreditar el haber implementado la primera etapa de esta normativa, sin importar que estemos en emergencia sanitaria; en caso contrario estarán sujetos a multas de entre 250 a 5 mil unidades de salario mínimo.

La segunda etapa de la normativa consiste en la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control y la práctica de exámenes médicos.

La evaluación del entorno organizacional deberá contemplar elementos como: el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, la formación adecuada para la realización de tareas, definición precisa de responsabilidades para los trabajadores; entre otros aspectos.

En caso de aplicar, la norma prevé que los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas puedan efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. En todos los casos el médico será el responsable de determinar la necesidad de practicar exámenes médicos a los trabajadores y/o de canalizarlos para que reciban atención psicológica.

Como ya sabemos, los factores considerados como factores de riesgo psicosocial, y que de acuerdo con la norma se deben identificar y analizar son:

٠ Las condiciones en el ambiente de trabajo.
٠ Las cargas de trabajo.
٠ Las falta de control sobre el trabajo.
٠ Las jornadas de trabajo y rotación de turnos. que excedan el establecido por la Ley Federal del Trabajo.

٠ La interferencia en la relación trabajo-familia.
٠ El liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo.

Como parte de las obligaciones que la NOM-035 establece para las organizaciones se encuentran las siguientes:

٠ Difundir y proporcionar información a los empleados.
٠ Reconocer y estudiar los factores de riesgo psicológico.
٠ Desarrollar y difundir en la organización una política de prevención de riesgos psicosociales y la violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizacional favorable.
٠ Estudiar el entorno organizacional.
٠Establecer medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, fomentar un entorno organizacional positivo y atender las prácticas opuestas a estas medidas.

٠ Aplicar medidas y acciones del control cuando sea necesario, a partir de los factores de riesgo psicosocial.
٠ Desarrollar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o factores de riesgo, cuando existan signos de síntomas que lo sugieran.

٠ Llevar registro de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales, de las evaluaciones del entorno organizacional, las medidas adoptadas y los trabajadores a los que se practicó exámenes médicos.

Por su parte, la NOM-035 también influye en la dinámica de los empleados, quienes tienen las siguientes obligaciones:

٠ Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control para prevenir y evitar factores de riesgo psicosocial; contribuir para la construcción de un entorno favorable y evitar actos de violencia laboral.

٠ Abstenerse de realizar prácticas ajenas u opuestas a las medidas establecidas para desarrollar la NOM-035-STPS-2018 y las prácticas contrarias al fomento de un entorno laboral positivo.
٠ Participar en el reconocimiento e identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del entorno organizacional.

٠ Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional y denunciar actos de violencia laboral.
٠ Ser parte de los eventos de información.
٠ Someter sea los exámenes médicos como parte de los controles.

Puntos clave de la NOM-035 a tomar en cuenta:

٠ La NOM-035 no toma en cuenta el estrés laboral o el perfil psicológico de la persona; se enfoca en la evaluación de las condiciones de trabajo y el ambiente.
٠ Ningún tipo de certificación es obligatoria.

٠ Tampoco son obligatorias las unidades de verificación, que solo son un alternativa potestativa que tiene el empleador.
٠ La Secretaria del Trabajo y Previsión Social no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para su aplicación. Por tanto, no hay obligación de participación o contratación de consultores, asesores o gestores, sino que es una decisión del empleador.

٠ Las empresas conformadas por quince o menos empleados están exentas de aplicar las evaluaciones.
٠ Las disposiciones de la NOM-035-STPS-2018 están sujetas a la cantidad de empleados de cada organización.

Las empresas que no implementen la NOM-035 podrán ser acreedoras de multas desde 4 mil 224 pesos hasta 422 mil 450 pesos, que pueden ser por cada trabajador y por cada acción que no se acate.

PIB de México tiene su primera caída en una década.

Fuente: Expansión

La economía mexicana, medida a través del producto interno bruto (PIB), se contrajo 0.1% en 2019, su primera caída en una década, de acuerdo con un informe del INEGI difundido el día de ayer martes.

Concepto

Variación % respecto al trimestre anterior

Variación % respecto a igual trimestre del año anterior

PIB Total

-0.1

-0.4

Actividades Primarias

-1.1

1.7

Actividades Secundarias

-1.2

-1.9

Actividades Terciarias

0.2

0.0

La cifra representa la primera contracción anual de la segunda economía más importante de América Latina.

De acuerdo al INEGI, el PIB del cuarto trimestre del año, el primero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también registró una disminución de 0.1% en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2018.

Esta situación reflejó que cada trimestre la producción disminuyera respecto del período inmediato anterior.

Tan solo en el cuarto trimestre, la economía del país se contrajo 0.4% a tasa anual, la caída más fuerte de 2019. En el primero, el dato fue de 0%, mientras que en el segundo avanzó 0.1%, y en el tercero cayó 0.2%, según datos de la institución.

Entra en vigor el Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprueba la Política Nacional Anticorrupción.

El día de hoy Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprueba la Política Nacional Anticorrupción.

Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobaron en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero de 2020, la Política Nacional Anticorrupción, en la cual se establecen 40 prioridades de política pública para combatir el flagelo.

Este documento se dio tras un proceso de diálogo y colaboración con las organizaciones civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, organismos internacionales e instituciones públicas que establecen la agenda para todo el Estado mexicano, a la que se deberán alinear todos los esfuerzos de las instituciones federales del país en el combate a la corrupción.

Si desea tener acceso al documento integro de clic aquí

Se reforman y adicionan las disposiciones del Reglamento de los Sistemas de Ahorro para el retiro

En fecha 25 de febrero de 2020 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Mediante este decreto se REFORMA el artículo 127, primer párrafo en donde se extiende la duración de las visitas de inspección realizadas por la Comisión la cuales ahora tendrán una duración máxima de 12 meses; y se ADICIONAN los artículos 138 BIS; 139, con un tercer párrafo; 140 BIS, mediante el cual se establece el procedimiento a seguir cuando se solicite fuera de una inspección, informes, datos o documentos o solicite la presentación de la contabilidad o parte de ella; 141 BIS y 156 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Si desea tener acceso al documento completo de clic aquí

Facilidades Administrativas para el Sector Primario y de Autotransporte.

En fecha 18 de febrero la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación la Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2020.

Estas facilidades están enfocadas a los contribuyentes dedicados únicos y exclusivamente a:

    • El Sector Primario, actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras;
    • Actividades dedicadas al Autotransporte Terrestre de Carga Federal;
    • Actividades dedicadas al Autotransporte Terrestre foráneo de pasaje y turismo; y
    • Al Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte Terrestre dePasajeros Urbano y Suburbano.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, las facilidades contenidas en la presente Resolución serán aplicables para todo el ejercicio fiscal de 2020.

Si desea conocer más de estas facilidades otorgadas a través de esta Resolución de clic aquí

Lineamientos de operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2020.

En fecha 21 de febrero del 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2020.

Este Fondo Regional tiene por objeto apoyar a las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento.

El 50 por ciento de los recursos del Fondo Regional se destinará a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el otro 50 por ciento a las siete entidades federativas restantes con menor índice de desarrollo humano.

Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los Lineamientos de Operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2019 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2019 mantendrán su vigencia únicamente en lo relativo al trámite de las solicitudes ingresadas durante el ejercicio fiscal de 2019, hasta en tanto no se modifiquen las reglas de operación del Fideicomiso del Fondo Regional.

Si desea tener acceso al documento completo de clic aquí

Multan a proveedores del IMSS por conductas monopólicas.

Fuente: El Sol de México

Las empresas Las empresas Productos Galeno y Holiday de México y dos personas físicas recibieron multas por 28.79 millones de pesos por ponerse de acuerdo para ofrecer precios y descuentos que presentaron en las mismas licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para proveer de guantes quirúrgicos desechables al organismo.

Una de las conductas consideradas como prácticas anticompetitivas por la Cofece es la colusión, que implica que las empresas se pongan de acuerdo para repartirse las licitaciones a través de establecer precios más bajos.

Si desea tener acceso a la nota completa de clic aquí

Incumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-035).

Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social iniciaran a partir de este 2020.

El mes de enero ya terminó y con esto se incrementa la expectativa de las empresas por la diversidad en implementación de reglas, normas y reformas que trae consigo este 2020; en materia de previsión social una de las más sonadas y la cual crea incertidumbre es la NOM-035.

Recordemos que en octubre de 2018, se publicó oficialmente la Norma Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención; la cual se venía trabajando desde 2016 y entró en vigor este el mes de octubre de 2019, y tiene como objetivo establecer la obligación al patrón de la prevención de este tipo de riesgos y el fomento a un entorno organizacional agradable apoyándose en ciertos cuestionarios para determinar el grado de riesgo que existe en las empresas.

La implementación de esta norma se divide en dos etapas, la primera corresponde a la difusión de la norma, dando a conocer a los trabajadores o colaboradores la existencia de esta a través de una política interna que fomente la prevención de factores de riesgo psicosocial, violencia laboral, promoción de un entorno laboral favorable, cuestionarios y entrevista a los trabajadores mediante los cuales se evalúan las medidas de identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, así como la identificación de colaboradores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención, y la implementación de buzón de quejas, que sea privado, seguro y confiable.

La segunda etapa entra en vigor a partir del 23 de octubre de 2020, y será obligatorio para su cumplimiento, la implementación de entrevistas y cuestionarios a los trabajadores, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a colaboradores expuestos a algún factor de riesgo psicosocial y/o violencia laboral, y contar con evidencia de los resultados de estas evaluaciones.

Si bien es cierto hasta el momento no se ha llevado a cabo alguna visita respecto a esta NOM-035 es importante comentar el procedimiento a seguir de las mismas.

El personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social serán los encargados de practicar estas visitas a través de órdenes de inspección que pueden ser ordinaria o extraordinarias.

Estas visitas o inspecciones se llevarán de acuerdo al procedimiento administrativo, y será aplicable no solo para la NOM-035, sino para todas las Normas Oficiales Mexicanas aplicables como las relativas a capacitación, seguridad e higiene en el trabajo.

Hay que tomar en cuenta que en caso de que no se pueda demostrar el cumplimiento de la NOM en el momento de la inspección, se elaborará y notificará un emplazamiento, para que en un término normalmente de 60 días demuestre o acredite el cumplimiento, por lo que las empresas tienen ese periodo para tratar de subsanar cualquier omisión a las norma señalada.

En caso contrario, es decir, si no se demuestra el cumplimiento de la NOM, se emitirá un Acuerdo de Procedimiento Administrativo Sancionador.

Omitir alguna de las obligaciones enunciadas en esta norma puede traer consigo la imposición de sanciones de alta cuantía, ya que van desde las 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto es desde los $21,170 a los $434,400 pesos; sanciones que se aplicarán por la omisión de cada obligación o por cada trabajador afectado, incrementando de manera considerable los momentos. (Arts.992 y 994 de la LFT)

Los Procedimientos de verificación de las normas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y las resoluciones emitidas en el Procedimiento Administrativo Sancionador, suelen ser muy cuantiosos en términos económicos, y cada día las empresas enfrentan estos actos administrativos, por lo que se recomienda asesorarse preventivamente, ya que es la mejor opción y posibilidad de prevenir contingencias legales.